Sin previo aviso, Microsoft ha comenzado a limitar la personalización de aplicaciones predeterminadas en los sistemas Windows. A través de un nuevo controlador, esta nueva herramienta, que ha llegado silenciosamente, bloquea el uso de servicios que hayan sido modificados y formen parte de los servicios predeterminados de los sistemas de Windows.
La posibilidad de realizar este tipo de modificaciones llevaba presente en los sistemas desde Windows 8. Sin embargo, con este nuevo cambio, parece que la era de aplicaciones “hackeadas” o modificadas podría terminarse, ya que, a falta de comunicación oficial, son muchos los usuarios que han reportado la modificación en el servicio.
Barreras a la libre edición
Tal y como el insider Kolbicz comprobó meses atrás, este problema comenzó a verse en las actualizaciones de sistema más recientes de Windows 10, tratándose de algo que, pese a la caducidad de este sistema, Microsoft ha capado de manera totalmente consciente por razones que no han dado a conocer.
De hecho, para más inri, el controlador UCPD, que es el que realiza el bloqueo, cuenta, tal y como se puede ver, con el sello y copyright de Microsoft, lo que hace que este movimiento se vea totalmente premeditado por parte de la compañía, pese al perjuicio de los usuarios que utilizaban este tipo de personalizaciones.
La DMA como posible motivo
Hay indicios que podrían marcar la adaptación al DMA europeo como la principal razón por la que Microsoft haya decidido poner más cotas a la libertad que proporciona a los usuarios con el desempeño de sus aplicaciones. Como no ha habido comunicado por parte de la compañía estadounidense, se desconocen las razones con precisión, pero son varias las voces que apuntan a dicha adaptación al DMA. De hecho, Microsoft puede presumir de no estar siendo investigada por la Comisión Europea, a diferencia de otras marcas como Alphabet, Amazon o Meta.
Mantener los estándares de calidad de servicio y cumplir las exigencias de la Unión Europea, pese a que pueda tener consecuencias más molestas como en este caso particular, supone también una garantía de que los usuarios en dicho territorio cuenten con una mayor protección de sus intereses y una seguridad más elevada respecto a los usuarios de otros territorios. Por tanto, este tipo de normativas resultan beneficiosas para el usuario medio de Internet en Europa.