Trump promete 5.000 dólares a cada adulto: solo si los republicanos ganan las legislativas

Donald Trump ha sacado hoy una de las promesas de campaña más vistosas de su repertorio: entregar 5.000 dólares a cada ciudadano adulto de Estados Unidos si el Partido Republicano recupera tanto la Cámara de Representantes como el Senado en las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Lo anunció en una convención republicana celebrada en Texas, con un mensaje que apunta a un problema real para su partido y que ya se ha hecho viral por dos razones bastante obvias: su efecto político y el coste descomunal que implicaría. La idea, según el planteamiento de Trump, pasa por activar a la base conservadora en unas elecciones en las que él no aparece en la papeleta.

Su propuesta es sencilla de explicar: cada adulto estadounidense cobraría esos 5.000 dólares si los republicanos consiguen ganar el control de ambas cámaras del Congreso. Encaja, además, con una forma de actuar que Trump ha repetido más de una vez, lanzar anuncios de fuerte tirón económico para adueñarse de la conversación pública y usarlos luego como herramienta de movilización.

Tampoco sería la primera vez que plantea pagos directos. Ya habló antes de un cheque de 2.000 dólares financiado con aranceles y también del llamado dividendo DOGE, dos iniciativas que al final nunca se materializaron.

El gran muro, esta vez, está en las cifras. Pagar 5.000 dólares a unos 240 millones de adultos dispararía la factura hasta unos 1,2 billones de dólares, y algunas estimaciones elevan el total incluso a 1,35 billones.

Trump ha deslizado en distintas ocasiones que los aranceles podrían servir para financiar una medida así. El problema es que los números no salen. La recaudación bruta por aduanas entre enero de 2025 y junio de 2026 rondó los 284.000 millones de dólares, pero después de las devoluciones obligatorias y de los intereses, la cantidad neta baja hasta 118.000 millones. Quedaría, por tanto, un agujero de unos 1,08 billones.

Y hay más.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó en febrero que ciertos aranceles impuestos por Trump al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional se aplicaron de forma ilegal. La administración ya ha empezado a devolver parte de los aproximadamente 160.000 millones recaudados, con intereses que siguen creciendo a un ritmo de unos 650 millones al mes.

A eso se añade otro límite, esta vez constitucional. En Estados Unidos, cualquier gasto tiene que ser autorizado por el Congreso, así que esta promesa no podría ponerse en marcha de manera unilateral.

También se ha abierto un debate jurídico sobre el propio diseño de la propuesta. Algunos se preguntan si vincular un pago universal a un resultado electoral podría interpretarse como compra de votos; otros sostienen que, al tratarse de una promesa general de campaña, entraría dentro de lo permitido. De momento, entre los analistas no hay un consenso claro.

En el terreno económico, varios expertos ya están advirtiendo de las consecuencias. Inyectar más de 1 billón de dólares en transferencias directas podría volver a avivar la inflación y ensanchar todavía más el déficit, en un momento en que la deuda nacional ya supera los 40 billones. La reacción política, como era de esperar, fue inmediata: los demócratas la calificaron de promesa vacía o de intento de comprar respaldo electoral, mientras que algunos republicanos la apoyaron sin rodeos. Entre ellos está el senador republicano Bernie Moreno, que dijo que trabajaría en una propuesta legislativa.

Por ahora, no está nada claro que el plan de Trump vaya a convertirse en una iniciativa real, con financiación cerrada y apoyos suficientes dentro del Congreso de Estados Unidos.