Nueva York impone la primera moratoria estatal: frena nuevos grandes centros de datos

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha firmado este 14 de julio de 2026 una orden ejecutiva que impone una moratoria de hasta un año a nuevos grandes centros de datos en el estado. Con ese paso, Nueva York pasa a ser el primer estado de EE. UU. que aplica una pausa de este tipo a escala estatal. La orden bloquea, por ahora, la concesión de nuevos permisos ambientales para instalaciones que superen los 50 megavatios.

La idea es ganar margen. El estado quiere usar ese tiempo para preparar un marco regulatorio propio para una industria que está creciendo muy deprisa y que ya empieza a rozar prioridades energéticas y ambientales. La orden menciona varias preocupaciones: un posible encarecimiento de las facturas eléctricas, más presión sobre la red, el consumo de agua, la calidad del aire y hasta qué punto estos proyectos encajan con los objetivos climáticos de Nueva York.

Aun así, el alcance de la orden es más estrecho de lo que contemplaba la Responsible Data Center Development Act, aprobada por la legislatura en junio de 2026. Aquel texto situaba el umbral en 20 megavatios y también proponía una pausa de un año.

Ese proyecto legislativo, además, va bastante más lejos en las exigencias. Incluye informes de impacto ambiental, audiencias públicas y condiciones ligadas al uso o la contratación de energía renovable.

Hochul todavía no ha aclarado si firmará o no esa ley. Por eso sigue importando la diferencia entre la vía ejecutiva y la legislativa: la orden ya está en vigor, mientras que la ley podría dejar por escrito obligaciones más detalladas y más duraderas para los promotores del sector.

En la práctica, la pausa golpea sobre todo a los proyectos a gran escala que aún necesitan autorizaciones ambientales. No cierra por completo el mercado, pero sí pone un freno claro a nuevas instalaciones de alto consumo.

Junto con la moratoria, Hochul ha encargado al Departamento de Servicio Público que prepare estándares para medir el impacto de los centros de datos y estudie fórmulas para que estas instalaciones ayuden a financiar infraestructura energética, según recoge la propia orden ejecutiva. Al mismo tiempo, la agencia estatal de desarrollo tendrá que diseñar marcos para negociar beneficios para la comunidad a escala local.

La gobernadora también adelantó que, en la próxima sesión, pedirá a los legisladores eliminar las exenciones del impuesto sobre las ventas para los grandes centros de datos. La señal política va en esa dirección: el estado se aleja de una estrategia de atracción basada en incentivos y se mueve hacia otra mucho más estricta en materia de control y supervisión.

La decisión llega, además, en pleno auge del sector. El mercado de centros de datos de Nueva York contaba con unos 854,5 megavatios de capacidad en 2025 y las previsiones apuntan a 1.154,2 megavatios en 2031. A escala nacional, estas instalaciones podrían llegar a representar alrededor del 11 % de la demanda eléctrica de EE. UU. en 2035.

Nueva York tampoco parte de cero. Al menos 20 comunidades del estado ya habían aprobado moratorias locales, y en otros estados, como Virginia y Arizona, se han adoptado restricciones ligadas a la energía, la ubicación, el ruido o el uso del agua. La orden de Kathy Hochul lleva ahora esa misma tendencia al plano estatal y puede acabar sirviendo de referencia para otros gobiernos que intentan contener el impacto de una infraestructura cada vez más estratégica, y también más discutida.