EEUU debate repartir la riqueza de la IA: el plan tropieza al aplicarlo

En 2026, algunos legisladores y economistas de Estados Unidos empezaron a empujar una idea llamativa: crear un fondo soberano con participaciones en las mayores empresas de inteligencia artificial para que la población tenga una parte directa de esa riqueza.

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La próxima gran pelea tecnológica no se juega solo en quién lidera la carrera de la inteligencia artificial. También se juega en decidir quién cobra sus beneficios.

La intención es clara: evitar que una revolución tecnológica de este calibre acabe concentrando todavía más dinero en un grupo muy pequeño.

La propuesta, sobre el papel, tiene fuerza. En la práctica, levantar un fondo público de ese tamaño sin alterar el mercado, meter la política dentro de compañías privadas o abrir nuevos problemas de gobernanza sería bastante más difícil.

La idea, en sí, es fácil de entender.

El Estado iría acumulando acciones de grandes empresas de inteligencia artificial y usaría sus rendimientos para beneficiar a todos los estadounidenses, ya fuera mediante dividendos directos, programas públicos o una combinación de ambas cosas.

Quienes respaldan el fondo sostienen que, si se deja al mercado repartir por su cuenta los beneficios de esta ola tecnológica, la brecha que ya se ve en la economía del país solo va a ensancharse.

Y ese temor no es menor.

Según los datos de distribución patrimonial en Estados Unidos, el 1% más rico ha aumentado su cuota del patrimonio total, mientras que el 50% inferior apenas ha mostrado avances comparables.

Además, las cifras que se manejan para la inteligencia artificial son enormes. Según estimaciones y previsiones del mercado, el mercado estadounidense de inteligencia artificial se estima en 173.560 millones en 2025 y podría alcanzar 976.230 millones en 2035, mientras que a escala mundial las previsiones apuntan a un salto desde más de 130.000 millones en 2023 hasta casi 1,9 billones en 2030.

La versión legislativa más ambiciosa hasta ahora la está impulsando Bernie Sanders.

La propuesta de Sanders plantea un impuesto único del 50% a las grandes compañías de inteligencia artificial, pagado en acciones en lugar de efectivo, con la idea de crear un fondo valorado en torno a 7 billones y repartir dividendos anuales entre la población.

No es una idea aislada. Una encuesta de junio de 2026 mostró que aproximadamente siete de cada diez estadounidenses apoyaban obligar a estas empresas a transferir acciones a un fondo de este tipo.

Incluso Donald Trump ha dejado caer un esquema en el que el público recibiría “trozos” de grandes compañías tecnológicas.

Y ahí empiezan los problemas de verdad.

Poner en marcha un fondo así obligaría a resolver cómo valorar las compañías y sus títulos, qué empresas entrarían, quién administraría el fondo, si los beneficios se repartirían enseguida o se reinvertirían, y de qué manera se impediría que los políticos influyeran en decisiones corporativas.

Los críticos avisan de que una propiedad pública directa puede empujar al Gobierno de Estados Unidos a favorecer a unas empresas frente a otras en un sector que cambia a gran velocidad. También temen decisiones guiadas por intereses electorales, menos competencia y un entorno menos propicio para innovar.

Por eso, incluso entre quienes comparten el objetivo redistributivo, hay quien ve más viables otras vías: subir impuestos al sector, destinar esa recaudación a pagos directos o a programas sociales y endurecer la política antimonopolio.

No está claro si una propuesta así llegará a hacerse realidad, ni con qué diseño.